Mediante decisión de 4 de noviembre de 1997, el Consejo denegó a la Sra. Hautala el acceso al informe basándose en que éste contenía información sensible que podría afectar a las relaciones de la Unión Europea con países terceros. En efecto, según la normativa comunitaria sobre acceso a documentos, el Consejo puede denegar el acceso a un documento para proteger el interés público en el ámbito de las relaciones internacionales.

El 19 de julio de 1999, el Tribunal de Primera Instancia anuló la decisión del Consejo al estimar que éste debía examinar la posibilidad de conceder un acceso parcial a los documentos. El Consejo, apoyado por España -Dinamarca, Francia, Finlandia y el Reino Unido apoyan a la Sra. Hautala-, interpuso un recurso de casación contra la referida sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

El Abogado General Sr. Léger ha presentado hoy sus conclusiones en este asunto.

La opinión del Abogado General no vincula al Tribunal de Justicia. La función de los Abogados Generales consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con toda imparcialidad, una solución jurídica para el asunto que se les somete.

En primer lugar, el Abogado General recuerda que la fuerza del principio de acceso a los documentos radica en su carácter de derecho fundamental. Señala que el principio de acceso del público a los documentos del Consejo se estableció mediante una Decisión de 1993, que tenía por objeto incorporar una cierta dosis de transparencia al funcionamiento de las instituciones. Considera que diferentes Consejos Europeos reafirmaron esta voluntad de permitir que los ciudadanos tengan el acceso más completo posible a la información. El Consejo y la Comisión también adoptaron sendos Códigos de buena conducta y el propio Tratado de Amsterdam consagró el derecho de acceso a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.

El Abogado General se refiere expresamente a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que prevé un derecho de acceso a tales documentos. Considera que el reconocimiento del principio de transparencia por dicha Carta es uno de los medios más seguros de hacer que los ciudadanos participen en la gestión de los asuntos públicos.

A su juicio, la Carta ha situado los derechos que reconoce en el más alto nivel de los valores comunes de los Estados miembros, trece de los cuales han dado un contenido positivo a dicho principio, adoptando normas generales que otorgan al público un derecho a acceder a los documentos que obran en poder de la Administración.

El Abogado General analiza el concepto de documento. En su opinión, el derecho de acceso tiene por objeto el contenido del documento y no su forma material: en efecto, se trata de acceder a la información contenida en los propios documentos.

Si bien estima que determinadas exigencias pueden justificar la limitación del derecho de acceso, especialmente en materia de defensa nacional, considera necesario cerciorarse de que tales restricciones a un principio fundamental (que siempre deben interpretarse estrictamente) son proporcionadas al objetivo que se persigue (la protección del interés público).

A este respecto, el Abogado General entiende que la oposición del Consejo a examinar la posibilidad de un acceso parcial a los documentos es manifiestamente contraria al principio de proporcionalidad. Esta práctica del "todo o nada" no le parece conforme con la naturaleza de derecho fundamental que debe reconocerse al derecho de acceso a los documentos. La sobrecarga de trabajo que puede suponer que el Consejo identifique dentro de un documento la información que puede divulgarse no justifica, en principio, que se prive a los ciudadanos de un derecho de acceso parcial a la información.

El Abogado General añade que la práctica generalizada de este derecho en numerosos Estados miembros no plantea normalmente problemas insuperables.

Por consiguiente, el Abogado General propone que se reconozca un derecho de acceso parcial a los documentos. Sugiere que sólo se admita una excepción al derecho de acceso parcial si la carga administrativa que acarrea su ejercicio es insuperable, toda vez que la aplicación de dicha excepción debe someterse al control del juez.

Documento no oficial destinado a los medios de comunicación, que no compromete al Tribunal de Justicia. Lenguas disponibles: todas. Si desea conocer el texto íntegro de las conclusiones, puede consultar nuestra página en Internet www.curia.eu.int , a partir aproximadamente de las 15 horas del día de hoy. Para mayor información, pónganse en contacto con la Sra. Milagros Gallego tel: (352) 4303 3667 fax: (352) 4303 2668