Como ha destacado el Presidente del Tribunal de Justicia, el Sr. Gil Carlos Rodríguez Iglesias, en el Prefacio del Informe Anual, la diversidad y distinto grado de complejidad de los asuntos que llegan ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia ha sido tal que el número de asuntos resueltos durante el pasado año no ofrece por sí solo una imagen exacta de la intensidad de la actividad jurisdiccional. En efecto, cada asunto exige un examen adecuado, de una duración y profundidad variables. Esta cifra merece, sin embargo, que se le preste gran atención, puesto que permite, una vez comparada con el número de asuntos registrados durante el mismo período, medir el impacto del ejercicio sobre el volumen de asuntos pendientes y, en consecuencia, sobre la duración de los procedimientos.

Las estadísticas que figuran al final del Informe muestran que la actividad de los dos órganos jurisdiccionales se mantuvo constante en el año 2001 y es comparable a la que reflejan los resultados del año anterior. Así, el número de asuntos resueltos ascendió a 434 en el Tribunal de Justicia y 340 en el Tribunal de Primera Instancia. El número de nuevos asuntos, por su parte, fue respectivamente de 504 y 345. La duración media de los procedimientos no varió prácticamente de un año a otro.

Por lo que respecta a su funcionamiento administrativo, el Tribunal de Justicia ha seguido prestando gran atención a las cuestiones que afectan a la labor de traducción, en particular en previsión de la ampliación y de las dificultades que surgirán como consecuencia del aumento de las combinaciones lingüísticas y del previsible crecimiento del número de contenciosos.

En este ámbito, el Tribunal de Justicia ha iniciado un vasto proyecto informático, que tiene por objeto el desarrollo de un instrumento multilingüe, adaptado al trabajo jurisdiccional, que integre todas las etapas de elaboración de los distintos documentos, desde su concepción a su publicación.

Por último, como recuerda el Presidente al concluir su Prefacio al Informe Anual 2001, el Tribunal de Justicia ha iniciado, junto con el Tribunal de Primera Instancia, un proceso de reflexión ante la perspectiva de la entrada en vigor del Tratado de Niza (reparto de competenciasjurisdiccionales en materia de recursos directos y distintas posibilidades para la creación de una sala jurisdiccional para el contencioso en materia de función pública europea).

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