La Comisión interpuso ante el Tribunal de Justicia sendos recursos de anulación contra las Decisiones del BCE y del BEI. Sostiene que tales Decisiones son contrarias al Reglamento de 1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF.

El BCE y el BCE consideran que el referido Reglamento no les resulta aplicable.

El Tribunal de Justicia afirma, en primer lugar, que, según el Reglamento de 1999, la OLAF podrá llevar a cabo investigaciones en el seno de las instituciones, órganos y organismos creados por los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas o sobre la base de los mismos. Lo anterior afecta, pues, al BCE y al BEI, ya que ambos Bancos fueron creados por el Tratado CE.

A continuación, el Tribunal de Justicia recuerda que el Tratado CE atribuye independencia al BCE y al BEI, a fin que puedan cumplir las funciones que les asigna el Tratado. No obstante, tal autonomía no tiene por objeto desvincularlos por completo de las Comunidades Europeas ni eximirlos de toda norma jurídica comunitaria. Efectivamente, ambos Bancos deben contribuir a la consecución de los objetivos de la Comunidad Europea y nada excluye a priori que el legislador comunitario pueda adoptar, en el ejercicio de las competencias de que dispone en materia de lucha contra el fraude, medidas normativas que sean aplicables al BCE y al BEI.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia declara que ni el BCE ni el BEI han explicado de qué manera puede afectar a su capacidad de desempeñar de modo independiente sus funciones específicas el hecho de que se hayan atribuido facultades de investigación a la OLAF.

En efecto, aunque la OLAF fue creada por la Comisión y quedó integrada en la estructura de dicha institución, el legislador comunitario previó medidas para garantizar la estricta independencia de la OLAF y su obligación de cumplir el Derecho comunitario.

Por otro lado, las facultades de investigación de la OLAF fueron delimitas y precisadas con claridad por el Reglamento de 1999. De este modo, la decisión de iniciar una investigación debe basarse en sospechas suficientemente fundadas. Además, la investigación ha de llevarse a cabo con observancia de las disposiciones de los Tratados y de acuerdo con las normas y condiciones previstas tanto en el Reglamento de 1999 como en las decisiones que adopte cada institución, órgano u organismo, y de modo que sea posible, con sujeción a ciertas condiciones, tener en cuenta eventuales especificidades de estos últimos.

Por último, el Tribunal de Justicia afirma que el legislador comunitario pudo legítimamente considerar que el establecimiento de un régimen de investigación centralizado, independiente y especializado, como el instaurado por el Reglamento de 1999, resultaba necesario para reforzar la lucha contra el fraude.

Por consiguiente, el Reglamento de 1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF es aplicable tanto al BCE como al BEI.

Dado que las respectivas Decisiones del BCE y del BEI tienen precisamente como efecto excluir que se les aplique dicho Reglamento, el Tribunal de Justicia decide anularlas.